Justicia y Paz- CEV
Alfredo
Infante sj
El
Papa Francisco planteó en su encuentro con los líderes políticos del Brasil, en
Rio de Janeiro, la urgencia de “rehabilitar la política”. Enfatizó la necesidad
de que el ejercicio político recupere su vocación fundamental: el servicio al bien común.
Reconoció que la política cuando se pone al servicio del bien común, desde la
perspectiva de los pobres, es una de las más elevadas expresiones de la caridad,
es decir, del amor al prójimo.
¿Es
necesario también rehabilitar la política en nuestra Venezuela? Si así fuera ¿Qué
papel han de jugar las organizaciones de DD-HH en esta misión? El tema es
amplio. Nos centraremos principalmente en el ámbito local dado que la atmósfera
pre- elecciones municipales es muy oportuna para dicho debate.
Un
poco de historia. A finales de los años 80 aconteció una de las reformas más significativas de la
historia política de Venezuela: la descentralización. Antes de esta reforma, los gobernadores y alcaldes eran
nombrados por el presidente de la república. La reforma fue un auténtico hito que abrió la oportunidad a
las comunidades de elegir a sus gobiernos locales. En 1989 se realizaron las primeras elecciones de
gobernadores y alcaldes dando inicio a gobiernos locales electos de manera
directa por el voto popular. Este hecho cambió el rostro de las regiones.
Pronto se hicieron sentir sus efectos en la vialidad, el transporte, la salud, la
educación, la rehabilitación de los barrios, la recreación y el saneamiento
ambiental. En Bolívar, por ejemplo, se hicieron los primeros ensayos de elaboración
de presupuestos participativos. Hubo programas innovadores en materia educativa
en Mérida y Bolívar etc. Parecía quedar atrás la denigrante frase “Caracas es
Caracas y lo demás es monte y culebra”. Este hecho permitió que surgieran
liderazgos locales más cercanos a los ciudadanos y menos influenciados por la
línea de los partidos políticos que para entonces ya afrontaban una fuerte
crisis de legitimidad. Lo negativo de este proceso fue el surgimiento – en
algunas regiones- de caudillos que
fueron consolidando mafias locales ligadas al poder político y policial.
La descentralización emergió como una
auténtica novedad y finalmente fue avalada
y reconocida por la Asamblea Constituyente
que la incluyó en el nuevo modelo
de Estado expresado en la Constitución de 1999.
Hoy,
la progresiva concentración de poder por
parte del gobierno nacional y la
vorágine de la polarización política han ido desdibujando el papel de los
gobiernos locales. La actual campaña electoral es señal de que se está
perdiendo el horizonte de sentido de los gobiernos locales. Los partidos del establecimiento
reunidos en el Polo Patriótico buscan controlar el espectro de los gobiernos
locales para conquistar la hegemonía. Los candidatos de la opositora mesa de la
unidad responden más a una estrategia nacional que a una estrategia de
consolidación de la democracia local. La polarización ha secuestrado el sentido
del poder local, que no es otro que la gerencia el bien común a través del diálogo y la participación de los
ciudadanos y el conjunto de los actores sociales que interactúan en el
municipio.
¿Qué
pueden hacer las ONGs de DD-HH como contribución a la rehabilitación de la
política? La parcialidad política de las ONGs de DD.HH es
la defensa de la dignidad humana y los
derechos que esta entraña; tanto individuales como colectivos. Es una
parcialidad ético-política, no partidista. Su interacción con el poder político ha de ser
siempre desde la acera de enfrente, desde la ciudadanía, con el único objetivo de
incidir en políticas públicas que protejan los DD.HH y favorezcan las
condiciones para una convivencia justa, digna y pacífica. A las organizaciones
de derechos humanos nos tocaría plantear en este contexto pre-electoral una agenda de debate sobre poder municipal y DD-HH; de modo
que los respectivos candidatos centren sus propuestas al servicio del bien
común municipal, y no se dispersen en objetivos y estrategias nacionales que poco
benefician la convivencia local
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