“Los
regímenes eficaces de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del
terrorismo son esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados y del
marco financiero mundial”. Las anteriores son palabras de Min Zhu, economista
chino y director del Fondo Monetario Internacional en la introducción general
de su documento “El FMI y la lucha contra el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo”. Como explica este organismo multilateral, a
partir del año 2001, tras el ataque a la Torres Gemelas de Nueva York, el FMI
intensificó sus actividades para prevenir todas las actividades económicas que
sustentaran las actividades terroristas que pudieran entorpecer el flujo de
capitales a nivel mundial. En el año 2009 crearon un “fondo fiduciario” para
financiar la asistencia técnica en lavado de dinero (ALD) y financiamiento al
terrorismo (LFT): “A lo largo de los últimos 12 años, los esfuerzos del FMI en
este ámbito han ayudado a definir las políticas ALD/LFT internacionales, y
abarcan más de 70 evaluaciones ALD/LFT y numerosos proyectos de asistencia
técnica e investigación”.
Estas iniciativas del Fondo se encuentran coordinadas
con otras instancias, como el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de
Capitales (GAFI), un organismo intergubernamental integrado por 36 miembros y
creado en la reunión del Grupo de los Siete (G-7) celebrada en 1989 en París.
El GAFI está encargado de elaborar normas de alcance mundial para combatir el
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, funcionando en estrecha
colaboración con otros organismos internacionales fundamentales, como el propio
FMI, el Banco Mundial, Naciones Unidas y otros organismos regionales. En sus
propias palabras “Para definir las medidas que los gobiernos nacionales
deberían adoptar a fin de aplicar programas ALD/LFT eficaces, el GAFI emitió
una lista de recomendaciones, que constituyen un marco básico, de aplicación
universal, de medidas relativas al sistema de justicia penal, el sector
financiero, ciertas empresas y profesiones no financieras y mecanismos de
cooperación internacional. En febrero de 2012, se revisaron y actualizaron esas
recomendaciones (las recomendaciones del GAFI). La labor del GAFI y el FMI en
la campaña ALD/LFT ha sido avalada por el G-7 y el G-20”. De hecho, el propio
FMI elaboró un manual para redactar este tipo de normativa, que puede
encontrarse en http://www.imf.org/external/pubs/ft/SFTH/esl/
Toda esta introducción es pertinente para demostrar que la
“Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al
Terrorismo” aprobada por la Asamblea Nacional hace apenas un año, y que tras la
orden de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz se ha comenzado a aplicar contra
los manifestantes detenidos en el país, es una consecuencia de las
recomendaciones de los organismos multilaterales que, en el discurso, el
Ejecutivo Nacional tanto cuestiona. Tanto es así que el ex ministro de Interior
y Justicia, Nestor Reverol, celebró en febrero de 2013 que el GAFI haya
reconocido los esfuerzos del gobierno bolivariano en la materia: “Esto quiere
decir que producto de nuestros avances, desarrollados a través de un compromiso
político de nuestro Gobierno, acabamos de salir de la denominada lista gris.
Esto forma parte de nuestro compromiso internacional, con la finalidad de
fortalecer el sistema de la prevención, control y fiscalización de la legitimación
de capitales y contra el financiamiento del terrorismo".
Como ha sido denunciado en todos los países de la región con
legislaciones similares, la Ley Antiterrorista contiene definiciones ambiguas y
discrecionales de lo que es “terrorismo” y “acto terrorista” y rápidamente,
como ya es el caso venezolano, comienza a ser aplicada a manifestantes por
derechos sociales y políticos. El caso emblemático, por lo absurdo, lo
constituye Yendrick Sánchez, el joven exhibicionista mediático que por
interrumpir el acto de proclamación del presidente Maduro ha sido trasladado a
la cárcel de Coro y, acusado de delitos tipificados en la Ley Antiterrorista,
se enfrenta a una posible condena de entre 1 y 6 años de prisión. Provea
sostiene que esta normativa constituye un nivel superior de la política estatal
de criminalización de la protesta en el país.
Provea tiene el placer de invitar a la presentación de su
Informe Anual 2012 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. El
evento se realizará el próximo jueves 09 de mayo, a las y 50 de la tarde, en el
auditorio del Colegio de Ingenieros de Caracas.
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