Espacio Público
Foro por La Vida
El pasado año 2012, se
realizaron elecciones nacionales y de gobernaciones con un contexto restrictivo
para las garantías para la libertad de expresión. Una tendencia consecuente con
el patrón que establece una relación directa entre el aumento de los ataques a
la libertad de expresión y la realización de elecciones. Es decir en los
tiempos en que el Estado está obligado a mayores garantías para la libertad de
expresión aumentan los atropellos.
Gráfico de restricciones a la libertad de
expresión en años electorales
Las violaciones y el
número de casos registran un aumento sostenido en el 3 últimos años y el 2012
es el segundo año en el número de casos después del año 2009, que el año en se
realizó el referendo aprobatorio de la enmienda constitucional. El año 2012,
registramos 248 violaciones a la libertad de expresión en un total de 169
casos, ello evidencia un incremento de 22% con respecto al año anterior en el
mismo lapso cuando se registraron l39 casos.
Los tipos de denuncia o
patrones de violaciones registrados con mayor frecuencia, fueron: Agresión
(24,6%), Intimidación (22.5%) y Censura (21.3%). De igual forma, persiste la
existencia de un patrón de descalificaciones, insultos y amenazas hacia los
medios de comunicación y periodistas que ejercen su labor de manera
independiente o que son críticos a la gestión gubernamental. Estas
descalificaciones son sistemáticamente difundidas en los medios gubernamentales
y también por parte de altos funcionarios públicos.
Por otra parte, el
responsable directo del 61% de las violaciones a la libertad de expresión
documentadas, es el Estado Venezolano. Un fenómeno evidente es el proceso de
expansión de los ámbitos restrictivo desde la capital hacía las regiones. En
los estados aumentan significativamente el número de casos y se percibe de
manera más directa las inhibiciones y el menor vigor en el debate público. Así
el número de los casos en Barinas (15 casos), Carabobo (13 casos) y Monagas (11casos)
superó los 10 casos para cada estado.
Igualmente en el
transcurso del año 2012, observamos una recurrente violación a la privacidad de
las comunicaciones electrónicas que afectaron a numerosos activistas de
derechos humanos, personalidades, políticos, periodistas y usuarios en general.
La usurpación de identidades, la intervención de correos electrónicos, la
impunidad recurrente y la divulgación de mensajes en los medios públicos se
convirtió en hecho que violentó simultáneamente la privacidad y el derecho a
libertad de expresión.
Las cuentas en redes
sociales constituyen medios de comunicación personales y al mismo tiempo tienen
una importante audiencia que recurre a ellos ante la percepción de una
información afectada por las barreras que se construyen desde el poder
político.
Las evidencias apuntan a
que estas intervenciones eran ordenadas por los servicios de inteligencia del
Estado venezolano y se colocaban al servicio de prácticas políticas ilegales
del partido de gobierno. La omisión de Ministerio Público es una práctica
inexcusable lo que contribuye a fortalecer las evidencias de esa relación entre
estos hechos y determinados intereses políticos partidarios.
La descripción de lo
acontecido en el año 2012, muestra las políticas restrictivas que pretenden
imponerse desde el poder político y al mismo tiempo la voluntad de seguir
comunicando que mantienen medios y periodistas venezolanos. Es la historia
cotidiana del pulso que vive la sociedad entre la diversidad natural de la
democracia y la monotonía del pensamiento único.
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